Con el fin de avanzar en la lucha contra el fraude y la evasión fiscal, Portugal ha puesto en marcha con fecha 15 de abril de 2017 una reforma en su Ley General Tributaria por la que se establece la obligación de publicar anualmente el valor total y el destino de las transferencias y remesas de dinero a países, territorios y regiones con régimen de tributación privilegiada.

El nuevo Decreto de la Asamblea 73 aprobado por unanimidad responde a una iniciativa que empezó su tramitación en el Parlamento luso como Proyecto de Ley 235 el pasado año 2016.

Y es que, según datos del Banco de Portugal, órgano que desempeña las funciones de supervisión e inspección del cumplimiento de las obligaciones de los sujetos obligados, solo en 2015, el país perdió más de 864 millones de euros en jurisdicciones offshore.

Es más, se estima que la cantidad depositada en paraísos fiscales asciende a 30 mil billones de dólares, lo que equivaldría a la riqueza que Portugal puede crear en los próximos 135 años.

Hasta ahora, y aunque una de las obligaciones de las entidades financieras en las transacciones con los centros offshore era notificarlas a la autoridad fiscal, no era preceptiva su divulgación pública que se dejaba al criterio de una decisión discrecional.

La publicación de estos datos solo se hizo efectiva en 2016, momento en que se conoció que entre 2011 y 2014, tanto empresas como personas físicas realizaron envío de fondos a paraísos fiscales por un importe aproximado de 10.000 millones de euros.

Con la aprobación de este Decreto, que contribuye a una mayor transparencia y para el que han bastado cuatro artículos, la web de la Autoridad Tributaria y Aduanera portuguesa recogerá anualmente el valor total de estas transacciones.

A lo largo de los próximos tres meses será el Ministerio de Hacienda del país vecino quien establece las condiciones de aplicación de esta norma.