Los Estados miembros ya han tenido que notificar a la Comisión Europea cuando harán la transposición de la cuarta Directiva contra el blanqueo de capitales que se aprobó en mayo de 2015 y que introduce novedades en cuestiones como la evaluación de riesgos, las titularidades, el endurecimiento de las sanciones o la creación de registros centrales.