Si algo tienen en común las diferentes operaciones de blanqueo de capitales que salen a la luz tras iniciarse la investigación judicial es que, en todas ellas, el testaferro siempre aparece como actor secundario respaldando o más bien ocultando los movimientos del protagonista, por usar un símil cinematográfico.

De hecho, el Supremo en su Sentencia 970/2016 además de condenar a un sujeto obligado que usaba sociedades pantalla como herramienta para blanquear, lo hacía también a quien había actuado como testaferro por delito de blanqueo imprudente.

Y es que sociedades pantalla y testaferros van igualmente de la mano. De hecho es la herramienta que éstos utilizan en su estructura operativa y funcional.

Pero ¿qué es un testaferro y cuál es su modus operandi?

Es aquella persona que presta su nombre en un contrato, transacción o negocio que, en realidad, es de otra persona. De partida, aportar su identidad es una cuestión lícita. No se trata de un uso delictivo, salvo que su fin último sea el fraude, la falsedad documental o cualquier otra conducta tipificada.

Teniendo en cuenta que la relación con el interesado debe estar basada en la confianza, el testaferro suele ser un familiar o allegado. También se da el caso de que sea una persona acostumbrada a este tipo de negocios e incluso “gerentes de empresas” que venden sociedades que son utilizadas para ocultar algo ilegal.

Según publica El Confidencial, y aunque no consta en estadísticas oficiales, en el registro mercantil español hay 410 personas físicas que tienen más de 100 cargos en sociedades anónimas o limitadas.

Por ejemplo, en el caso de que esta figura quiera usarse para blanquear dinero, es habitual que el interesado -que no puede aparecer como verdadero titular- busque un testaferro con domicilio desconocido y ajeno al negocio que se pretende ocultar al que nombrará como administrador o socio único de una sociedad raíz, con objeto social amplio y lista para operar.

La sociedad raíz realizará la compra del accionariado de sociedades pantalla con domicilio en territorios offshore que favorecen el secreto bancario y una fiscalidad ventajosa.

Posteriormente, se otorga poder de representación a agentes fiduciarios o despachos especializados con órdenes del interesado para operar con estos capitales.