Durante la inauguración de la tercera reunión del Plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que se ha celebrado en Valencia entre los días 21 a 23 de junio con la participación de más de 750 delegaciones, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha destacado las iniciativas impulsadas por el Gobierno español en la lucha contra el blanqueo de capitales

Ámbitos penal y procesal

La reforma impulsada en el año 2015 en España ha dado cumplimiento de manera anticipada a las previsiones que plantea el paquete integrado por el reglamento y la directiva en materia de lucha contra la financiación del terrorismo y el blanqueo de capitales que se negocian en estos momentos con la activa participación de España, en el seno del Consejo de Ministros de Justicia de la Unión Europea.

En el terreno procesal, la racionalización y actualización del enjuiciamiento criminal ha aportado medidas tecnológicas avanzadas de investigación, que han conseguido incluir a nuestro país en la vanguardia contra la delincuencia organizada.

Prevención

En referencia a las medidas preventivas, el ministro se ha referido a la puesta en marcha de un instrumento esencial para la identificación, bloqueo, intervención y futuro decomiso de ganancias ilícitas derivadas del blanqueo, como es el Fichero de Titularidades Financieras, así como del SEPBLAC al que ha calificado de “un organismo altamente especializado”.

Catalá ha destacado además la actuación de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) como un órgano auxiliar de la Justicia encargado de perseguir y recuperar bienes procedentes de actividades delictivas para hacer frente a la restitución pecuniaria de las víctimas con las indemnizaciones estipuladas por los tribunales, así como a la realización de proyectos sociales de apoyo y asistencia a las víctimas y a la lucha contra la criminalidad organizada.

Financiación del terrorismo

El ministro de Justicia se ha referido de forma específica a la gran amenaza del terrorismo internacional. Para Catalá, ante la intensificación de la amenaza terrorista en los últimos años se ha hecho más necesaria que nunca una respuesta rápida y flexible, centrada en cuatro ejes de actuación.

El primero de ellos se refiere a la necesidad de asegurar que todas las jurisdicciones dispongan de un marco fuerte contra la financiación del terrorismo. Para ello, se dispone de las recomendaciones del propio GAFI, resultando especialmente importante la relativa a la tipificación de esa financiación como delito, de modo que cubra no sólo la financiación de actos terroristas, sino también la financiación de organizaciones y de terroristas individuales sin necesidad de que exista un acto terrorista específico.

En este sentido, la legislación española ha adaptado su Ley de Enjuiciamiento Criminal para introducir un nuevo marco de investigación tecnológica en el proceso penal capaz de enfrentarse a los nuevos delitos del siglo XXI. Asimismo, hay que destacar el reciente acuerdo del Consejo de Ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea que permitirá la creación de una Fiscalía comunitaria para perseguir los delitos financieros en toda la UE.

El segundo eje se refiere a la necesidad de reforzar la cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo en todas sus formas. Aquí destaca la intensa participación española en el Consejo de Ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea, que está trabajando sobre una propuesta de lucha contra el blanqueo de capitales por medio de la norma penal y un reglamento de reconocimiento mutuo de órdenes de embargo y decomiso.

En tercer lugar, Catalá ha llamado a la anticipación de posibles vulnerabilidades del terrorismo mediante un análisis continuo y riguroso de riesgos derivados de su financiación.

Finalmente, ha señalado que “es imprescindible reforzar los mecanismos de intercambio de información de los servicios de inteligencia para lograr desarticular los entramados económicos de las organizaciones terroristas”.