Derecho

El Consejo Europeo fija su posición sobre la propuesta de Directiva contra el blanqueo de capitales mediante el Derecho penal

15 junio, 2017

Con el principal objetivo de ponérselo más difícil a las fuentes que financian las organizaciones terroristas y mejorar los mecanismos de localización de sus miembros a través de los movimientos financieros, el Consejo Europeo ha adoptado una serie de normas más eficaces agrupadas en una propuesta de Directiva contra el blanqueo de capitales mediante el Derecho penal. Pretende establecer criterios mínimos en cuanto a la definición de los delitos penales y las sanciones.

El pasado 8 de junio, en el marco de la presidencia maltesa, el Consejo adoptó su posición sobre un texto que trata de reflejar el equilibrio entre las posiciones manifestadas por las delegaciones en un marco transaccional general.

También que existan disposiciones comunes para mejorar la investigación de estos delitos, unas normas que, en definitiva, servirán para eliminar los obstáculos a la cooperación judicial y policial transfronteriza.

Y como tercer pilar para el nuevo texto de la Directiva, se solicita adaptar las normas de la UE a las obligaciones internacionales, en particular las derivadas del Convenio del Consejo de Europa relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y decomiso de los productos del delito y a la financiación del terrorismo (Convenio de Varsovia) y de las recomendaciones pertinentes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

En consecuencia, los debates en el Consejo se han centrado en torno a tres cuestiones: el ámbito de aplicación de la definición de ‘actividad delictiva’; la tipificación del autoblanqueo recogida en el artículo 3.3; y la relación del futuro texto con lo que recoge la denominada Directiva PIF en cuanto a normas específicas para el blanqueo de capitales de bienes derivados de los delitos contra los intereses financieros de la UE (artículo 1.2).

En este último punto el Consejo subraya que los Estados miembros pueden transponer estas normas a través de un único marco global en materia de blanqueo de capitales a nivel nacional.

Por lo que respecta a la cuestión de la ‘actividad delictiva’, recogido en el artículo 2.1 de la propuesta, el acuerdo transaccional del Consejo reitera que todas las categorías de delitos definidas por el Convenio de Varsovia se incluyan como delitos principales, aunque también haya referencias a la legislación existente de la UE que define delitos específicos, a fin de garantizar que se tengan en cuenta en la categoría correspondiente.

Asimismo, para hacer frente a la amenaza creciente de la ciberdelincuencia, el Consejo ha acordado añadirlo también a la definición de actividad delictiva.

Los antecedentes de esta iniciativa hay que buscarlos en la propuesta presentada por la Comisión en diciembre de 2016 junto con un borrador de Reglamento sobre el reconocimiento mutuo de las resoluciones de embargo y decomiso. Estos dos textos forman parte del plan de la UE para reforzar la lucha contra la financiación del terrorismo y los delitos financieros.

El Consejo y el Parlamento iniciarán las negociaciones sobre el texto definitivo en cuanto la Eurocámara haya adoptado una decisión, en el contexto del procedimiento legislativo ordinario.

FATCA: termina el plazo para presentar la primera declaración completa de cuentas financieras de estadounidenses

29 mayo, 2017

En el contexto del acuerdo FATCA, el 31 de mayo será el último día para que las entidades obligadas presenten la primera declaración informativa completa de cuentas financieras relativa a los clientes estadounidenses.

Los sujetos obligados serán las instituciones de custodia y de depósito, entidades de inversión, así como compañías de seguros específicas. Todas ellas deberán estar consideradas como institución financiera española obligada a comunicar información y afecta, sobre todo, a aquellas que tienen oficinas en Latinoamérica.

Este intercambio total de información se produce una vez que en 2016 haya terminado el proceso de revisión de las cuentas anteriores a 1 de julio de 2014, fecha de entrada en vigor de FATCA.

Y es que ya en 2015, las entidades financieras fueron respondiendo a esta obligación de manera escalonada con información relativa al ejercicio 2014, tal y como se recoge en la Orden HAP/1136/2014, de 30 de junio.

Ahora, dando cumplimiento a la aplicación del intercambio total de información, se reportarán por primera vez todas las cuentas, incluyendo los importes brutos por la venta de valores, además de la información que se venía ya remitiendo en relación con pagos y saldos de cuentas incluido en el caso de seguro con valor en efectivo o contrato de anualidades, el valor en efectivo o valor de rescate.

El cumplimiento de obligaciones de intercambio de información en el ámbito de asistencia mutua se concreta en el modelo 290, publicado en la  página web de la Agencia Tributaria para su tramitación electrónica.

Las declaraciones, materializadas en este modelo, incluyen diferentes bloques de información a completar en relación a las normas de diligencia debida: uno relacionado con la institución financiera obligada; datos relativos a cada cuenta estadounidense sujeta a comunicación de información; y, también aquella información identificativa de los titulares de las cuentas.

Por tanto, junto a los datos de la entidad, en los que estará incluido el número obtenido al registrarse ante la autoridad competente de los EEUU (Global Intermediary Identification Number, GIIN), se cumplimentará la información sobre el número de cuenta, saldo y moneda.

Y además de la información básica que identifica al titular de la cuenta, dependiendo del tipo de titularidad, se establece la identificación de las personas físicas que ejercen el control sobre el titular de la cuenta. Si es una entidad pasiva no estadounidense, se deberán proporcionar los datos personales de la persona física.

Finalmente, la información a intercambiar se ampliará a los tipos de rendimientos obtenidos en cada cuenta y a los pagos efectuados por las instituciones financieras a otras no participantes.

La supervisión y el control en el derecho comparado: el caso de Italia

23 mayo, 2017

En un país que se enfrenta con especial crudeza al crimen organizado con una Dirección de Investigación Antimafia específica dependiente del Ministerio del Interior y, en consecuencia, a graves y numerosas conductas delictivas, el órgano que ejerce el control y la supervisión en materia de blanqueo y financiación del terrorismo es una Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

La UIF es orgánicamente dependiente del Banco de Italia y funcionalmente autónoma e independiente, según se regula en el artículo 6 del Decreto Legislativo 231/2007. En este mismo texto se establecen también las normas de cumplimiento con sanciones penales (artículo 55) y administrativas (artículos 56 al 58).

Como función principal, esta Unidad es la que recibe y tramita toda la información sobre posibles casos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Y lo hace principalmente a través de los informes de transacciones sospechosas de las entidades sujetas a la obligación de informar.

En el segundo semestre de 2016, la Unidad de Inteligencia Financiera italiana recibió casi 50.000 comunicaciones de operaciones sospechosas, en concreto un total de 49.071. Esta cifra representa un 12,9% más que en el mismo periodo de 2015.

Además, al igual que hace, por ejemplo, el estadounidense FinCEN (The Financial Crimes Enforcement Network), el supervisor italiano realiza el análisis financiero de los datos con el fin último de aportar estrategias que permitan la lucha y prevención de estos tipos delictivos, cooperar con las autoridades judiciales y transmitírselo a órganos de investigación como la Unidad Especial de Divisas y la Dirección de Investigación Antimafia.

Junto a estas tareas, la UIF también tiene facultades reglamentarias con respecto a las operaciones sospechosas y control sobre las personas sujetas a obligaciones de “cooperación activa”.

Otras autoridades de supervisión sectoriales, como el Banco Central, el Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) y la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) son responsables de la reglamentación en sus respectivas esferas de competencia en cuestiones tales como la diligencia debida o el registro de datos. Lógicamente, también controlan el cumplimiento de los sujetos supervisados y ejercen la facultad de sancionar.

La cooperación entre todas ellas es relevante y si bien adopta diferentes formas, en materia de blanqueo se plasma en que se levanta la confidencialidad para ofrecer la información necesaria a la UIF.

La Ley antiblanqueo a consulta pública para adaptarse a la Directiva europea

12 mayo, 2017

Hasta el 10 de junio de 2017, los sujetos obligados tendrán ocasión de participar en la consulta pública que ha publicado el Ministerio de Economía con la finalidad de mejorar el sistema punitivo y el sistema de denuncias por incumplimiento de la Ley 10/2010 y adaptarlo a lo que establece el articulado de la Directiva 849/2015.

Si bien la norma española ya contiene prácticamente todo lo que establece la Directiva, es necesario llevar a cabo “determinadas adaptaciones conceptuales en ciertos artículos, así como revisar el régimen de la potestad sancionadora”.

Además de actualizar el régimen de sanciones según los límites máximos previstos en la Directiva, entre los cambios que deberá contemplar la Ley española antiblanqueo está la incorporación de un sistema que favorezca la detección de la comisión de infracciones.

Para ello, se potenciarán los mecanismos de denuncia tanto internos de las entidades, como externos garantizando la confidencialidad y los requisitos mínimos que deben contener, poniendo el foco en el sector financiero.

Asimismo, se modificará el concepto de grupo empresarial tal y como recoge la norma europea que lo define como “un grupo compuesto por una empresa matriz, sus filiales y las entidades en las que la empresa matriz o sus filiales tengan participación, así como las empresas vinculadas entre sí por una relación”.

El concepto de país tercero equivalente en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo sufrirá una revisión, teniendo en cuenta que casi desaparece de la nueva normativa europea.

Serán de aplicación obligatoria las medidas de diligencia reforzada en relación con los denominados terceros países de alto riesgo.

Para garantizar una mejora del control y conocimiento de los prestadores de servicios, facilitando su supervisión, se creará un registro de personas que se dediquen profesionalmente a la prestación de servicios a sociedades y estructuras jurídicas sin personalidad.

Finalmente, en el sector comercio, se reformarán los umbrales para la consideración como sujetos obligados de las personas que comercien con bienes en efectivo. Este umbral debe reducirse de los 15.000 actuales a los 10.000, de cara a dar cobertura a los pagos en efectivo realizados por no residentes, cuyo límite máximo actual se sitúa en 15.000 euros.

En cuanto se supere el proceso de consulta pública, el documento se llevará a audiencia pública que, previsiblemente, podría ser en septiembre 2017. Su paso final será el Consejo de Ministros.

Por Ley, Portugal dará información anual de las transferencias a paraísos fiscales

17 abril, 2017

Con el fin de avanzar en la lucha contra el fraude y la evasión fiscal, Portugal ha puesto en marcha con fecha 15 de abril de 2017 una reforma en su Ley General Tributaria por la que se establece la obligación de publicar anualmente el valor total y el destino de las transferencias y remesas de dinero a países, territorios y regiones con régimen de tributación privilegiada.

El nuevo Decreto de la Asamblea 73 aprobado por unanimidad responde a una iniciativa que empezó su tramitación en el Parlamento luso como Proyecto de Ley 235 el pasado año 2016.

Y es que, según datos del Banco de Portugal, órgano que desempeña las funciones de supervisión e inspección del cumplimiento de las obligaciones de los sujetos obligados, solo en 2015, el país perdió más de 864 millones de euros en jurisdicciones offshore.

Es más, se estima que la cantidad depositada en paraísos fiscales asciende a 30 mil billones de dólares, lo que equivaldría a la riqueza que Portugal puede crear en los próximos 135 años.

Hasta ahora, y aunque una de las obligaciones de las entidades financieras en las transacciones con los centros offshore era notificarlas a la autoridad fiscal, no era preceptiva su divulgación pública que se dejaba al criterio de una decisión discrecional.

La publicación de estos datos solo se hizo efectiva en 2016, momento en que se conoció que entre 2011 y 2014, tanto empresas como personas físicas realizaron envío de fondos a paraísos fiscales por un importe aproximado de 10.000 millones de euros.

Con la aprobación de este Decreto, que contribuye a una mayor transparencia y para el que han bastado cuatro artículos, la web de la Autoridad Tributaria y Aduanera portuguesa recogerá anualmente el valor total de estas transacciones.

A lo largo de los próximos tres meses será el Ministerio de Hacienda del país vecino quien establece las condiciones de aplicación de esta norma.