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Compliance o las herramientas de la persona jurídica para garantizar una debida diligencia

21 octubre, 2016

Con la reforma del Código Penal, en vigor desde el pasado 1 de julio 2015, y aprobada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, las empresas se han visto obligadas a realizar una puesta a punto en el cumplimiento normativo para la prevención del blanqueo de capitales y se incide en la figura del compliance.

El órgano de administración responsable del control y prevención pasa a formar parte de un sistema para evitar la comisión de delitos y que no haya responsabilidad de la persona jurídica.

Así, en un supuesto maletín de herramientas para conformar un buen sistema de prevención del blanqueo puede intervenir un departamento de compliance interno al que sumar la ayuda de expertos externos como sería el caso de Soluciones Confirma.

Este maletín tendría los siguientes elementos:

  • Informe de riesgos: el sujeto obligado establece su estándar de cumplimiento, en función de su riesgo específico de blanqueo de capitales
  • Elaboración de un manual de procedimientos para la prevención que contiene las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento normativo, así como para impedir que el sujeto obligado sea utilizado en la financiación del terrorismo u otras actividades delictivas.
  • Nombramiento de representante ante el SEPBLAC con responsabilidad sobre las obligaciones de información
  • Constitución del Órgano de Control Interno (OCIC) como responsable de aplicar dentro de la empresa, las políticas y procedimientos establecidos previamente
  • Adopción de medidas adecuadas para saber quién es quién previo a establecer relación de negocios en lo que sería un sistema de identificación formal de clientes y alertas por detección temprana
  • Sistema de seguimiento continuo de la relación de negocios a través del análisis de las operaciones efectuadas a lo largo de toda la relación para detectar cualquier desviación
  • Revisión del sistema de prevención por parte de la auditoría interna que evaluará la eficacia del sistema de prevención implantado por la empresa, con vistas a su mejora continua
  • Examen del sistema por parte de un experto externo para que la empresa someta sus procedimientos y órganos de control interno a un examen anual
  • Conservación de documentos de diligencia debida por un periodo mínimo de 10 años desde la terminación de la relación de negocio o la ejecución de la operación
  • Desarrollo de la Unidad técnica de análisis, un departamento con personal especializado, en dedicación exclusiva y formación adecuada
  • Los sujetos obligados deben asegurarse que sus empleados conocen las exigencias normativas proporcionando una formación específica en la materia
  • Obligación de trasladar al SEPBLAC la comunicación por indicios o certeza de que una operación examinada está relacionado con el blanqueo

El tratamiento de movimientos sospechosos por parte de las entidades financieras

8 septiembre, 2016

Un movimiento sospechoso se considera en términos generales como aquel ingreso de cuantía extraordinaria, cuyo origen no está lo suficientemente claro en función del perfil del cliente.

Con el fin de intensificar la lucha contra el blanqueo de capitales y otras actividades delictivas mediante un mayor control de los movimientos económicos sospechosos, y dando cumplimiento a la normativa en esta materia, el pasado 30 de abril de 2015, las entidades financieras como sujetos obligados cerraban el plazo para que sus clientes estuvieran identificados con un DNI digitalizado que permitiera que sus datos estuvieran accesibles en cualquier sucursal.

Además, hay que recordar que este proceso de identificación necesario para no ver la cuenta bloqueada se completaba con un formulario para obtener la principal información sobre el origen de los ingresos de los clientes y sus actividades económicas.

Con esta información, la entidad daba un paso más para determinar si un movimiento es sospechoso o no, en función de las circunstancias particulares de cada titular y su cuidadosa monitorización con recursos y personal especializado. Todo, con el fin de estar preparados para evitar casos como el del Banco Madrid, filial española de  la BPA, intervenido el pasado 16 de marzo 2015.

En el marco preventivo, sabemos que si un cliente realiza un ingreso efectivo en cuenta o retirada de más de 3.000 euros, la entidad lo pondrá en conocimiento de la Agencia Tributaria que podrá exigir que se justifique la procedencia de ese dinero.

También tienen obligación de facilitar a este organismo toda la información relativa a las operaciones con billetes de 500 euros, así como de aquellas de más de 10.000 euros, con independencia del valor facial de los billetes, según Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de febrero de 2014.

Entre los datos que la entidad traslada está el nombre de la persona que realiza las transacciones, la cuantía individualizada, el número de cuenta y los titulares.

Ahora bien, en el día a día de un banco, según sus operaciones habituales, un traspaso entre particulares inferior a 10.000 euros y con prueba de que el origen de este dinero es legal, no se consideraría movimiento sospechoso ni requeriría declaración especial, aunque sí es posible que el banco solicite información sobre la justificación de estos fondos a la entidad de la que proceda. Por eso es tan importante un buen conocimiento del cliente y de las características de esa relación de negocio.

Este seguimiento continuo se realiza de forma externa, por ejemplo, con la Plataforma IdConfirma que recibe un fichero de clientes de la entidad con una estructura definida para ser filtrado y es el que mantiene Soluciones Confirma para hacer el seguimiento e irlo sustituyendo con las actualizaciones que incorpore el sujeto obligado.

Por otra parte, sí se comunicarán al SEPBLAC las operaciones que, en relación con las actividades relacionadas con el blanqueo de capitales señaladas en el artículo 1 de la Ley 10/2010, muestren una importante falta de correspondencia con la naturaleza, volumen de actividad o antecedentes operativos de los clientes, siempre que en un examen especial no se aprecie justificación económica, profesional o de negocio para la realización de las operaciones.

Y es que hay que recordar que el artículo 17 de esta misma Ley determina que “los sujetos obligados examinarán con especial atención cualquier hecho u operación, con independencia de su cuantía, que, por su naturaleza, pueda estar relacionado con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, reseñando por escrito los resultados del examen. En particular, los sujetos obligados examinarán con especial atención toda operación o pauta de comportamiento compleja, inusual o sin un propósito económico o lícito aparente, o que presente indicios de simulación o fraude”.

La comunicación por indicio se efectuará según un procedimiento técnico de comunicación telemática fijado por el SEPBLAC.

Balance del primer aniversario del nuevo Código Penal: compliance y responsabilidad penal de las empresas

22 julio, 2016

La reforma del Código Penal y, en concreto, la redacción de su artículo 31 bis que determina los supuestos en los que las personas jurídicas serán penalmente responsables, cumple su primer año en vigor.

En estos meses hemos visto que progresivamente las empresas están implantando tanto en su propia estructura interna como a través de asesoría externa, la figura del compliance officer o responsable del cumplimiento del marco regulatorio y normativo en el ámbito penal que afecta a las empresas.

Y es que en febrero 2016, el Tribunal Supremo dictaba la primera sentencia sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas confirmando las condenas impuestas por la Audiencia Nacional a tres empresas por su participación en delitos contra la salud pública.

En consecuencia, el Alto Tribunal explica el valor probatorio de los programas de compliance y hace suyos los argumentos que la Fiscalía General del Estado en la circular 1/2016 de 22 de enero de 2016, un documento en el que se imparten instrucciones a los fiscales para valorar la eficacia de estos planes de cumplimiento que se configuran como una eximente de la responsabilidad penal.

Para contribuir a la necesaria constitución de un programa por parte de las empresas desde la asesoría externa, Soluciones Confirma, tal como explica su director comercial, Santiago Lago, presta un servicio como valor añadido para la elaboración del manual de prevención e implantación del procedimiento.

Este Manual se estructura en una serie de fases que se inicia con la identificación del Mapa de Riesgos, seguido de protocolizar las directrices básicas de actuación, los códigos de conducta y la toma de decisiones.

Las tres fases anteriores se completarían con el desarrollo de políticas relativas a los delitos de mayor riesgo y el establecimiento de los procesos internos y sus correspondientes líneas de comunicación para evitar los riesgos detectados.

Asimismo, habrá un proceso de formación y asesoramiento a empleados y directivos de la entidad con el fin de que se consolide la cultura del cumplimiento.

Entrevista a José Miguel Masa, responsable del Centro Registral Antiblanqueo, CRAB

24 mayo, 2016

“El uso de la información financiera compartida es un instrumento valiosísimo para detectar operaciones sospechosas de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo”

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¿Qué balance hace de los primeros meses de funcionamiento del Centro Registral Antiblanqueo, CRAB?

Muy positivo por varias razones.

En primer lugar porque se han incorporado obligatoriamente los 1.200 registradores de España que nos mandan sus comunicaciones indiciarias ajustándose a los modelos creados, tanto desde el punto de vista formal como de contenidos, lo que agiliza el trabajo de los analistas del CRAB.

Además, la entrada en vigor de la Orden ha posibilitado que se habiliten las partidas presupuestaria necesarias para incorporar personal, que hacía falta dado el volumen de trabajo, hacer desarrollos informáticos que agilizan las comunicaciones Registros—CRAB—SEPBLAC, elaborar y remitir el Manual de Procedimiento, el examen de Zonas de Riesgo, el curso de formación al que obliga la legislación y que está a punto de iniciarse y, por último, el plan de control interno cuya elaboración tenemos en marcha.

En el año 2015 el CRAB recibió unas 14.000 comunicaciones de las cuales se remitieron al SEPBLAC alrededor de 150. No es lo mismo analizar por el Servicio Ejecutivo 150 comunicaciones que 14.000

De cara al SEPBLAC, nuestra situación tiene ya la cobertura jurídica necesaria, lo que además de favorecer e intensificar las relaciones con el Servicio Ejecutivo, que ya eran muy buenas, posibilita aliviar la carga de trabajo de este organismo porque, al remitir todos los expedientes al CRAB, analizamos exhaustivamente los informes recibidos y sólo una parte de ellos los remitimos al SEPBLAC, por ser suficientemente indiciarios de blanqueo.

Creo que los siguientes datos son relevantes. En el año 2015 el CRAB recibió unas 14.000 comunicaciones de las cuales se remitieron al SEPBLAC alrededor de 150. No es lo mismo analizar por el Servicio Ejecutivo 150 comunicaciones que 14.000.

Por los datos que les llegan al CRAB, ¿cómo es el mapa actual de operaciones sospechosas en nuestro país?

En base a nuestro mapa de Zonas de Riesgo, podemos afirmar que las operaciones sospechosas que nosotros detectamos tienen la misma localización geográfica que se publica en informes y estadísticas de organismos involucrados en la prevención de blanqueo, grandes ciudades y zonas costeras del litoral mediterráneo. Esto no excluye operaciones de blanqueo en otras ciudades o zonas costeras del Atlántico y Cantábrico.

Las operaciones sospechosas que detectamos se localizan en grandes ciudades y zonas costeras del litoral mediterráneo

La razón de esta coincidencia radica en que los bienes en los que se materializan las inversiones de los fondos ilegales (inmuebles, por su alto valor y estabilidad en la inversión) se localizan en las zonas señaladas y, por lo tanto, todos los sujetos obligados que tenemos control del tráfico inmobiliario, detectamos coincidentemente los lugares donde son más frecuentes estas actividades delictivas.

¿Considera necesario este tipo de órganos centralizados en otros sujetos obligados?

Soy partidario de la existencia de Órganos Centralizados de Prevención (OCP) en el mayor número posible de sujetos obligados siempre que su número lo permita y puedan asumir los costes importantes que ocasionan. Precisamente por esto, me parece poco práctica la limitación legal consistente en que sólo puedan constituir OCP las profesiones colegiadas.

Soy partidario de la existencia de Órganos Centralizados de Prevención en el mayor número posible de sujetos obligados

La causa de mi posición favorable a la implantación más amplia de OCP radica en que beneficia a la sociedad porque, al disminuir la carga de trabajo de las respectivas Unidades de Inteligencia Financiera nacionales (FIU), posibilitan que la persecución de los delitos que estamos comentando sea mucho más eficaz.

¿Cómo valora el uso de información financiera compartida en la prevención del blanqueo?

Como lo que es, un instrumento valiosísimo para detectar operaciones sospechosas de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo (BC y FT). En este sentido, tengo que hacer constar que en los registros jurídicos españoles se valoran determinadas formas de medios de pagos como indiciarios de BC o FT, lo que genera el envío del expediente al CRAB para su análisis y, en su caso, remisión al SEPBLAC.

En los casos de sujetos obligados que no pueden paralizar el ejercicio de su actividad profesional, como en el colectivo registral, la información financiera no será útil a priori para paralizar el despacho del documento, pero si en un momento posterior

Ahora bien, la utilización de la información financiera no tiene la misma relevancia en todos los sujetos obligados. Así, en aquellos sujetos que, por la naturaleza de su actividad, pueden entablar relaciones de negocios con terceros, la información financiera puede paralizar las relaciones negociales, además de la posible investigación posterior. En cambio, en los casos de sujetos obligados que no pueden paralizar el ejercicio de su actividad profesional, como sucede con el colectivo registral, la información financiera no será útil a priori para paralizar el despacho del documento, pero si lo será en un momento posterior como elemento importante en la investigación abierta.

Los últimos años han traído una gran producción normativa en materia de AML. Ahora que ya no queda ningún borrador sobre la mesa de los legisladores, ¿cree que es necesario algún ajuste más para prevenir el blanqueo de capitales a nivel mundial?

A nivel internacional queda mucho que hacer contra el BC y la FT y la prueba de ello es que la comisión de estos delitos es cada día más frecuente. Es necesario que se adopten acuerdos internacionales, que posteriormente se plasmen en normas internas de cada Estado, referentes a homogeneizar normas y sanciones penales, agilizando los procedimientos y agravando las penas, a proscribir los paraísos fiscales, a regular la constitución de sociedades de manera que se eviten las sociedades durmientes, las constituidas en cascada, las domiciliadas extraterritorialmente, etc. , a mejorar los servicios de inteligencia  y a especializar más aún, si cabe, a las fuerzas de Seguridad de los diferentes Estados.

Es necesario que se adopten acuerdos internacionales, que posteriormente se plasmen en normas internas de cada Estado, referentes a homogeneizar normas y sanciones penales, agilizando los procedimientos y agravando las penas

Buena prueba de que sí quedan temas pendientes sobre la mesa de los legisladores internacionales son dos recientes actuaciones en la materia:

  • El Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes para el Intercambio de Información, impulsado por la OCD dentro de su Plan de Acción “Base Erosion and Profit Shifting”  (BEPS en inglés), suscrito por España en el pasado mes de enero, por el que las empresas multinacionales deben presentar un informe “país por país” en el que consten los impuestos que pagan en cada país. Este acuerdo afecta al ejercicio 2016 y, por lo tanto, será efectivo en la declaración del año 2017.
  • El G-5 ha presentado un proyecto ante el G-20, que cuenta con el apoyo de la OCDE, en virtud del cual se establece un sistema de intercambio automático de datos sobre los titulares reales de las sociedades. Este proyecto ha sido suscrito por Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y España. Su desarrollo está pendiente en todos los países firmantes.

¿Y a nivel nacional?

En nuestro país, tenemos pendiente la incorporación a nuestro derecho de la Cuarta Directiva europea sobre PBC y FT que, entre otros extremos, regula un sistema para conocer a los titulares reales de sociedades y de otras entidades jurídicas como fundaciones, asociaciones, fideicomisos, etc.

Los registros jurídicos españoles están preparados para asumir el nuevo reto de conocer a los titulares reales que regula la Cuarta Directiva y así se lo hemos hecho saber a la Administración

El sistema se basa en que los administradores de esas entidades jurídicas remitan a registros mercantiles o de sociedades los datos de los titulares reales de aquéllas y que estos datos sean accesibles para todos los países europeos a través de registros centrales interconectados telemáticamente.

Los registros jurídicos españoles están preparados para asumir este nuevo reto y así se lo hemos hecho saber a la Administración porque esta oportunidad hay que aprovecharla para evitar la pantalla que las entidades jurídicas representan para sus titulares, responsables últimos de las actividades ilícitas de BC o FT.

¿Le parece que con mayores sanciones por incumplimiento normativo, como en el caso de EEUU, habría en nuestro país una mayor diligencia debida por parte de los sujetos obligados?

Sin duda que el endurecimiento de las sanciones es una poderosa arma disuasoria en la comisión de los delitos. Sin embargo, esta medida hay que complementarla con otras muchas, como ya apuntábamos antes. El “levantamiento del velo” en las sociedades es una medida imprescindible, entre otras, para que los Estados puedan luchar en condiciones de igualdad, como mínimo, contra las poderosísimas organizaciones delictivas que realizan las actividades que comentamos.

El “levantamiento del velo” es una medida imprescindible para que los Estados puedan luchar en condiciones de igualdad contra las poderosísimas organizaciones delictivas

En materia de financiación de terrorismo, ¿están los estados suficientemente preparados para controlarlo? ¿En qué cuestiones es conveniente buscar refuerzo?

Si el terrorismo internacional, que está asolando el mundo libre, pierde sus fuentes de financiación, su actividad criminal se verá seriamente dañada. Por desgracia, hasta ahora los hechos demuestran que su financiación no  ha sufrido una disminución significativa porque su actividad asesina está en pleno auge.

Obviamente, yo no soy un especialista en lucha antiterrorista y no puedo responder a su pregunta con datos que desconozco. Sí puedo darle mi opinión personal y es que los Cuerpos de Inteligencia de todo nuestro mundo libre, conscientes de la importancia de la financiación del terrorismo, acabarán encontrando el procedimiento para yugular sus fuentes de financiación, para lo que obviamente se necesitará la colaboración más amplia de determinados Estados, reticentes en estas  y otras materias.

Finalmente, en su opinión, ¿qué impide que se acabe con los paraísos fiscales?

El tema de los paraísos fiscales es un tema recurrente en la prevención del blanqueo de capitales, en el que se van dando pasos importantes pero en el que queda mucho por hacer.

Las causas que impiden adoptar estas medidas van desde la falta de acuerdos de los Estados hasta las presiones de algunas grandes corporaciones sin olvidar las coacciones que realizan las organizaciones criminales

La desaparición de los paraísos fiscales, desde un punto de vista teórico, es bastante fácil pues bastaría con que los diversos Estados acordaran la prohibición absoluta de entrada de fondos que procedan de allí en sus respectivos territorios.

Con una medida así de simple, los paraísos fiscales dejarían de ser atractivos como lugares donde se depositan las grandes cantidades de dinero, provenientes de delitos diversos (narcotráfico, tráfico de armas, prostitución, tráfico de órganos, etc.), para, desde ellos, blanquearlos en inversiones rentables en países desarrollados. Dicho en lenguaje más ejemplificativo, ¿de qué sirve tener grandes fortunas en países donde no se pueden disfrutar esos fondos ni utilizarlos como lanzadera para disfrutarlos e invertirlos en otros más atractivos?

Las causas que impiden adoptar estas medidas son muy complejas y van desde la falta de acuerdos, más o menos amplios, de los Estados hasta las presiones que algunas grandes corporaciones realizan para mantener estos territorios como tales, sin olvidar las coacciones de todo tipo que realizan las organizaciones criminales para garantizar que sigan existiendo países donde depositar sus fondos se haga sin demasiadas preguntas.

Soluciones Confirma amplía su propuesta profesional a otros sectores de sujetos obligados

9 marzo, 2016

Antonio MorenoCon la incorporación de Antonio Moreno, el departamento comercial de esta firma especializada en la prestación de servicios para la prevención del blanqueo de capitales refuerza las líneas de trabajo, ampliando su propuesta profesional a otros sectores de sujetos obligados a la Ley 10/2010.

Según señala Luis Díez de Vega, director general de Soluciones Confirma, “su llegada, sin duda, nos ayudará a consolidar la actividad de la prevención del blanqueo de capitales en sectores que aún no están desarrollados en esta materia, a pesar de que la normativa ya tiene más de cinco años de vigencia en España” .

Moreno cuenta con dilatada experiencia comercial en la prestación de servicios vinculados a la identificación de registros y es experto en prevención del fraude y análisis de bases de datos, ya que ha desempeñado funciones de Dirección Comercial en entidades como Quality Information Systems, S.A., y diversas responsabilidades de negocio en Blue Comunicación y Sun Microsystems.

Así, sus más de 10 años de experiencia dentro de la I.T. y sector de la seguridad, ofrecen a los clientes de Soluciones Confirma las garantías de contar con un apoyo directo y accesible para la resolución de las cuestiones que los nuevos cambios normativos puedan exigir en sus procesos operativos.