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El testaferro como figura común en las operaciones de blanqueo

9 mayo, 2017

Si algo tienen en común las diferentes operaciones de blanqueo de capitales que salen a la luz tras iniciarse la investigación judicial es que, en todas ellas, el testaferro siempre aparece como actor secundario respaldando o más bien ocultando los movimientos del protagonista, por usar un símil cinematográfico.

De hecho, el Supremo en su Sentencia 970/2016 además de condenar a un sujeto obligado que usaba sociedades pantalla como herramienta para blanquear, lo hacía también a quien había actuado como testaferro por delito de blanqueo imprudente.

Y es que sociedades pantalla y testaferros van igualmente de la mano. De hecho es la herramienta que éstos utilizan en su estructura operativa y funcional.

Pero ¿qué es un testaferro y cuál es su modus operandi?

Es aquella persona que presta su nombre en un contrato, transacción o negocio que, en realidad, es de otra persona. De partida, aportar su identidad es una cuestión lícita. No se trata de un uso delictivo, salvo que su fin último sea el fraude, la falsedad documental o cualquier otra conducta tipificada.

Teniendo en cuenta que la relación con el interesado debe estar basada en la confianza, el testaferro suele ser un familiar o allegado. También se da el caso de que sea una persona acostumbrada a este tipo de negocios e incluso “gerentes de empresas” que venden sociedades que son utilizadas para ocultar algo ilegal.

Según publica El Confidencial, y aunque no consta en estadísticas oficiales, en el registro mercantil español hay 410 personas físicas que tienen más de 100 cargos en sociedades anónimas o limitadas.

Por ejemplo, en el caso de que esta figura quiera usarse para blanquear dinero, es habitual que el interesado -que no puede aparecer como verdadero titular- busque un testaferro con domicilio desconocido y ajeno al negocio que se pretende ocultar al que nombrará como administrador o socio único de una sociedad raíz, con objeto social amplio y lista para operar.

La sociedad raíz realizará la compra del accionariado de sociedades pantalla con domicilio en territorios offshore que favorecen el secreto bancario y una fiscalidad ventajosa.

Posteriormente, se otorga poder de representación a agentes fiduciarios o despachos especializados con órdenes del interesado para operar con estos capitales.

El corredor de seguros en la prevención del blanqueo de capitales

19 abril, 2017

Los corredores y las entidades de seguros de vida están obligados a cumplir la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales y, en consecuencia, deben disponer de procedimientos internos adecuados para evitar que se instrumentalice una operación sospechosa a través de contratos de seguro.

A la vista de los datos que recientemente ha hecho públicos el SEPBLAC, ¿podría entenderse que es un sector que se sitúa fuera del punto de mira de las operaciones de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo?

En 2015, la Dirección General del Seguro realizó 5 inspecciones preventivas de esos delitos; los corredores de seguros no comunicaron ningún reporte de operaciones sospechosas; y las aseguradoras de vida, 11 reportes, cantidad que supone el 50% menos que las registradas en 2014.

El papel del corredor de seguro está bien recogido en la Ley 26/2006, de Mediación en Seguros y Reaseguros Privados, que lo define como un profesional independiente e imparcial que ofrece asesoramiento a clientes y asegurados, lo que determina que no pueden tener afección con entidades aseguradoras.

Al ser quien tiene el acceso inicial al cliente, la consecuencia más directa de su labor es que será precisamente el corredor el primero en estar obligado a cumplir con los principios de diligencia debida. Y es que hasta que no exista la elección de una entidad aseguradora ésta no podrá llevar a cabo ese mismo cumplimiento normativo.

Por tanto, la identificación del cliente será materia que requerirá especial cuidado y hay que recordar que como sujetos obligados deben conservar los documentos acreditativos de las operaciones e identidad de los clientes durante un plazo de seis años desde que finaliza la relación de negocio.

Así, los documentos que sean necesarios para comprobar la información proporcionada por el cliente estarán en poder del corredor y, posteriormente, de forma inmediata a disposición de la entidad aseguradora.

Otros documentos que contengan información relacionada con cuestiones más específicas del contrato de seguro, se entregarán a la entidad aseguradora con la que vaya a suscribirse ese contrato. En este caso, el corredor actúa como tercero respecto a la entidad aseguradora.

Ante un indicio sospechoso, lo que está obligado a hacer es profundizar para conocer más detalles de la actividad económica declarada. Y si ya tiene la certeza de que está frente a una operación sospechosa, deberá comunicarlo al SEPBLAC y no colocará el riesgo en ninguna entidad aseguradora.

Con carácter previo a la formalización de la póliza, el corredor habrá recabado información sobre la actividad de su cliente y si éste declara que los fondos proceden de una actividad profesional o empresarial, tendrá que solicitar la documentación acreditativa que justifique esa actividad.

Por lo que respecta a los medios de pago, el corredor evitará el pago con efectivo y, además, consignará el medio de pago utilizado.

 

Las dificultades de las economías en desarrollo para tener supervisores AML

9 marzo, 2017

Si ya resulta complicado que los órganos supervisores y de control estén suficientemente dotados de medios materiales y humanos para hacer frente a sus funciones de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, los problemas y retos se multiplican cuando hablamos de pequeñas economías insulares en desarrollo.

Y es que la creación y puesta en marcha de este tipo de órganos lleva parejo un grado de compromiso financiero que para estas jurisdicciones muy pequeñas y en desarrollo es proporcionalmente mucho más oneroso que para otras economías. El funcionamiento de una unidad de inteligencia financiera básica implica ciertos costes de personal, capacitación, equipos y seguridad de las instalaciones que, en proporción, son más altos en estas zonas.

En este contexto, algunas de ellas localizadas, por ejemplo, en el Caribe o el Pacífico Sur, se enfrentan a enormes obstáculos, situación que se aprovecha, además, por quienes fomentan que estas jurisdicciones sean verdaderos territorios offshore.

En términos de población, estas economías tienen un tamaño similar al de una ciudad pequeña y sus ingresos per cápita son muy escasos. La primera dificultad que deben afrontar es encontrar personal cualificado ya que es poco probable que en el mercado local se puedan encontrar profesionales especializados en investigaciones financieras, contabilidad pública y otras tareas AML/LFT, y quizá no sea fácil contratar profesionales de otros lugares.

En segundo lugar, si se tiene en cuenta que, por lo general, el sistema bancario tradicional no cubre a gran parte de la población en estas jurisdicciones por el alto coste de operación en relación con el número de clientes, los supervisores tienen que centrar su atención en la banca informal y las redes de transferencia de fondos, con el problema adicional de la falta de documentación para la identificación y el incremento de costes.

A esto hay que sumarle que a estas jurisdicciones no siempre les resulta fácil obtener inteligencia e información financiera de otros órganos homólogos si tenemos en cuenta tres factores:

  • No suelen ser muy conocidos fuera de sus regiones
  • En algunos casos, no gozan de una buena imagen reputacional debido al uso de su sistema financiero por parte de grupos organizados
  • Al no formar parte de estructuras de control internacionales, preocupa su posible falta de salvaguardas para proteger el carácter confidencial de la información en su poder

Una posible solución a estos problemas pasaría por la creación de una organización regional que apoyase a los supervisores o Unidades de Inteligencia Financiera nacionales de la zona.

Cómo son y qué contienen los informes de operaciones sospechosas a nivel internacional

6 febrero, 2017

La forma y contenido de los informes de operaciones sospechosas que los sujetos obligados comunican a los órganos de supervisión o a las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) varían en función de los países y de su grado de desarrollo.

En la mayoría de los casos, la información necesaria para estos informes comprende junto a los detalles de la operación o del cliente, una declaración de los motivos que hacen despertar sospechas o los hechos que las confirman.

Así, por ejemplo, en algunos como es el caso de España o los Países Bajos, la facultad de decidir se delega en la UIF que proporciona un modelo uniforme para los informes relativos a cada tipo de institución; y, en otros como Australia, se establece en los anexos de la ley que corresponda indicando los elementos que se deben notificar según cada tipo de entidad o sujeto obligado. Será a través de reglamentos como se eliminen o agreguen datos.

En España, la obligación de comunicación se recoge en el artículo 18 de la Ley 10/2010 y, por su parte, el SEPBLAC ha establecido un procedimiento técnico de comunicación telemática con bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito y sucursales de entidades de crédito extranjeras que se apoya en la aplicación informática CTL. El resto de los sujetos obligados realiza las comunicaciones directamente y por escrito con el formulario F19-1 donde se concreta la estructura.

La presentación en forma electrónica es una práctica extendida entre los países económicamente avanzados en lo que supone no solo la producción automatizada de series de informes que se remiten por medios electrónicos, como sucede en grandes instituciones financieras con los informes de operaciones monetarias de valor significativo, sino también la posibilidad de que otras entidades o personas presenten denuncias mediante un formulario electrónico suministrado por la UIF.

En otros muchos países, sobre todo en los menos avanzados económicamente, los informes se presentan por formularios de papel, si bien se prevén informes verbales en casos urgentes, que pueden ser por vía telefónica aunque posteriormente se exija una confirmación escrita.

Ahora bien, si la UIF contase con la capacidad necesaria, estos formularios podrán indexarse electrónicamente o transcribirse en una base de datos local segura.

Qué es una Unidad de Inteligencia Financiera

24 enero, 2017

Una Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) es una entidad nacional centralizada que se encarga de recibir los informes sobre operaciones sospechosas de blanqueo de capitales que proporcionan las instituciones financieras y otras entidades, analizarlos y transmitir tanto a las autoridades competentes internas, como a las UIF de otros países la información sobre esas operaciones con el fin de combatir y prevenir esta actividad ilícita.

Las primeras UIF aparecieron hace más de 20 años y, en la actualidad, en torno a 150 pertenecen al Grupo Egmont, una supra estructura internacional a modo de asociación. En 2003, el GAFI, en sus recomendaciones incluyó por primera vez pautas explícitas sobre la creación y el funcionamiento de las UIF.

Desde que a mediados de los años ochenta se reconociera a nivel internacional la necesidad de una estrategia moderna de lucha contra el blanqueo de capitales, y teniendo en cuenta que las fuerzas del orden tenían acceso limitado a la información financiera que necesitaban, se hizo evidente la necesidad de que el propio sistema financiero debía participar en la lucha contra el blanqueo, aunque sin alterar las condiciones necesarias para que funcionara de manera eficiente.

En consecuencia, muchos países entendieron que si el sistema exigía a las instituciones financieras divulgar transacciones sospechosas, se necesitaba una oficina o un organismo central encargado de evaluar y procesar estos datos divulgados.

Se trataba de conjugar con equilibrio aspectos del sistema financiero y del derecho penal, en especial aplicado a los principios de diligencia debida y de notificación de transacciones sospechosas a una UIF.

Posteriormente, las UIF han ido ampliando su ámbito de responsabilidad también a la financiación del terrorismo lo que implica métodos de análisis de la información y formación del personal, diferentes a lo aplicado en la prevención del blanqueo.

UIF

Fuente: Fondo Monetario Internacional y  Grupo del Banco Mundial

Es por eso que las características fundamentales de una UIF deben ser compatibles con el marco de supervisión, los sistemas jurídico y administrativo, junto con las capacidades técnicas y financieras del país.

La variedad de UIF en los diferentes países se resume en cuatro tipos generales de organismos: administrativo (como es el caso de España), policial, judicial o fiscalizador y mixto.

El perfil, el tipo y las funciones de la UIF variarán unas de otras dependiendo del resultado de analizar qué suponen los delitos financieros para ese país concreto y la contribución de la UIF al logro de los objetivos en materia de política penal.

Con ese análisis se diseñarán:

  • Los objetivos y posterior concreción del tamaño de la UIF en términos de presupuesto o personal, en relación con el flujo previsto de información entrante y saliente y cualquier otra responsabilidad
  • La autoridad y las funciones básicas necesarias para alcanzar sus objetivos además de otras funciones como, por ejemplo, la supervisión del cumplimiento de las obligaciones de las entidades notificadoras y la congelación de operaciones
  • Los medios para garantizar su autonomía operativa y la rendición de cuentas , así como el lugar que ocupa dentro de la administración y los medios que le permiten funcionar
  • Su función en relación con otros organismos del Estado y las entidades homólogas, incluido el intercambio de información
  • Los requisitos básicos para la comunicación de operaciones: nombre de la entidad notificadora y asunto que se notifica