Basics

El papel del FMI en la prevención del blanqueo y la financiación del terrorismo

3 Agosto, 2017

Al igual que los ciberdelincuentes aprovechan cualquier brecha de seguridad para hackear sistemas, los corruptos, evasores fiscales y aquellos que financian el terrorismo se sirven de las vulnerabilidades de los sistemas financieros para cometer sus delitos.

Con esta premisa, la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, a través de su blog reitera la advertencia de que el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo pueden amenazar la estabilidad financiera de un país.

El FMI lleva casi 20 años prestando apoyo institucional a los países miembros con el desarrollo de actividades de análisis y asesoramiento, así como con la realización de evaluaciones ALD/LFT. Además, a medio y largo plazo, va a consolidar su trabajo en tres áreas de actuación.

Colaboración para intensificar la lucha contra la corrupción y la evasión fiscal

Establecer medidas ALD/LFT es el mejor instrumento que poseen los gobiernos para evitar el deterioro y la desigualdad económica que produce la corrupción sistémica y la evasión fiscal a gran escala en la capacidad de un país de lograr un crecimiento sostenible e inclusivo.

Un buen ejemplo de lo que supone este círculo vicioso en la economía de un país es Grecia, donde el fortalecimiento del marco ALD, con la ayuda del FMI, facilitó la incautación de cientos de millones de euros provenientes de delitos fiscales.

Formas más eficaces de combatir la financiación del terrorismo 

En opinión de Lagarde “esto implica aprender de nuestras propias experiencias” y cita como ejemplo más reciente a Sudán, “donde trabajamos con el Gobierno para crear un marco de aplicación de sanciones financieras específicas”.

Sin embargo, el FMI pide fortalecer estas medidas a través de la tecnología financiera como el aprendizaje automático y otros mecanismos de inteligencia artificial que podrían contribuir a detectar patrones de flujos financieros sospechosos, incluso en transacciones de muy poca cuantía. Otro ejemplo es el de la tecnología de la “contabilidad distribuida” que podría ayudar a proteger los sistemas financieros del terrorismo cibernético.

Acceso a los servicios de banca corresponsal para las economías pequeñas

Desde el órgano internacional existe “gran preocupación de que los bancos internacionales reduzcan sus actividades de banca corresponsal de forma indiscriminada para minimizar el riesgo de infringir las normas ALD/LFT”. Esto pondría en peligro el bienestar económico de varios países de África, Oriente Medio, América Latina, el Caribe y países de mercados emergentes de Europa, entre otros.

Para que las economías pequeñas estén conectadas al sistema financiero mundial, es necesario promover un esfuerzo por parte de todos los implicados y trabajar para reunir a bancos nacionales e internacionales y otras partes interesadas con el fin de idear soluciones prácticas. Así lo ha hecho el FMI recientemente en el Caribe, Oriente Medio y Norte de África, y las Islas del Pacífico.

También ha ayudado a países como Angola y Samoa a formular y aplicar medidas para hacer frente al repliegue de las relaciones de banca corresponsal.

En total, ha brindado asistencia técnica en materia ALD/LFT a 120 países. Esta ayuda ha contribuido de forma decisiva a que países como Myanmar, Nepal y Sudán salieran de la lista de vigilancia del GAFI y reanudaran sus vínculos con el sistema financiero.

¿Cómo organizar un modelo de compliance tras un caso de corrupción interna?

20 Julio, 2017

La recién publicada Guía Práctica de Autodiagnóstico y Reporting en el Cumplimiento Normativo editada por Transparency International España invita a las empresas a que adopten una postura proactiva en relación con la prevención de la corrupción, el cumplimiento normativo y el buen gobierno corporativo, así como con la promoción de una adecuada transparencia empresarial, de acuerdo con las mejores prácticas y fuentes nacionales e internacionales.

La Guía, financiada por el programa Siemens Integrity Initiative, permite a la propia empresa llevar a cabo un autodiagnóstico en estas materias en base a una serie de indicadores objetivos. De este modo, se ofrece una herramienta que ayuda a las empresas a evaluar la calidad de sus programas de compliance y su estructura de gobierno corporativo, al tiempo que las ayuda en la mejora de su nivel de reporting en estas áreas.

Uno de los ejemplos paradigmáticos de cómo se gestiona la transparencia con la implantación de un modelo de compliance que lleve a recuperar la reputación externa e interna se desencadenaba en 2006 tras uno de los principales escándalos de corrupción interna en una multinacional, coincidiendo con la crisis financiera y el caso Lehman Brothers.

La empresa, la tecnológica alemana Siemens, y el hecho, que directivos en varios países del mundo habían estado pagando durante años comisiones ilegales a cargos públicos a cambio de su apoyo en la negociación de contratos multimillonarios.

La investigación demostró que entre 2001 y 2006 se pagaron más de 1.500 millones de dólares de manera ilegal, cantidad que representaba la mitad del importe total de los contratos.

La cúpula mundial de Siemens, incluido el presidente y su consejero delegado dimitió, y cinco directivos fueron detenidos.

Diferentes instituciones y organismos internacionales analizaron y determinaron en qué países y con qué mecanismos, los directivos de Siemens habían cometido estos actos irregulares que hacían saltar por los aires los principios de la compañía de actuar éticamente en los diferentes mercados.

Con el fin de seguir siendo líder en su sector, la compañía se puso en acción e implantó duros mecanismos internos para modificar de raíz el rumbo de los procedimientos de control por los que se habían colado las conductas corruptas.

El modelo

Se desarrolló en tres fases: prevención, detección y respuesta para sancionar las conductas, con especial hincapié en la primera de ellas que, en suma, buscaba aportar información creíble y rigurosa para la gestión mediante el uso de políticas y procedimientos.

La formación fue clave junto al establecimiento de un sistema interno y confidencial de atención a los empleados y directivos para evacuar consultas y resolver dudas en torno a cualquier aspecto sobre el que fuera necesario arrojar luz.

En cuanto al sistema de detección, contaba a su vez con un sistema de canales de información –internos y externos, como la contratación de un defensor del empleado– que permitiesen denunciar cualquier tipo de conducta irregular en el seno de la empresa. Además de pasasr a ser de dominio público interno, se elevaron significativamente las sanciones internas y las consecuencias para quienes cometieran algún tipo de irregularidad según el grado de incumplimiento en relación a la corrupción y la falta de ética en la actuación.

Junto a estas medidas, Siemens se comprometió a aportar durante 15 años un total de 100 millones de dólares a través del Banco Mundial a proyectos organizados por distintas ONG internacionales para la lucha contra la corrupción en la firma de grandes contratos o en la gestión de la ayuda al desarrollo y se sumó a una serie de acciones colectivas con su sector para fomentar altos estándares éticos para todos los actores del mercado y el avance de la legislación anti-trust.

Así, por ejemplo, la compañía dejó de operar en países donde estaba “naturalizado” el pago de comisiones ilegales y suspendió durante dos años consecutivos la captación de fondos de proyectos financiados por el Banco Mundial hasta haber subsanado todos los problemas internos derivados del escándalo.

Los puntos estratégicos de la nueva presidencia argentina del GAFI

12 Julio, 2017

Hasta el próximo 30 de junio de 2018, y por primera vez en la historia del organismo, Argentina presidirá el GAFI en la figura del que fuera hasta ahora secretario de Justicia, Santiago Otamendi.

Se trata de un paso significativo si se tiene en cuenta que hace unos años Argentina estaba en su ‘lista gris’ como país que incumplía los estándares de lucha contra el blanqueo de capitales.

Los objetivos de esta presidencia que tomó el relevo a la española durante el plenario celebrado en Valencia entre los días 21 a 23 de junio, parten de trabajar teniendo en cuenta las prioridades del G-20 en aquellas áreas de interés mutuo, así como de incluir en la agenda a jueces y fiscales para que conozcan qué hace el GAFI, cuáles son sus recomendaciones y se compartan acciones efectivas.

Financiación del terrorismo

Para Otamendi, el trabajo del GAFI para combatir la financiación del terrorismo debe mantenerse como máxima prioridad pero adaptando su estrategia a dos cuestiones: conocer en profundidad los métodos que utilizan organizaciones como el Da’esh para recaudar, mover y utilizar sus fondos; y enfocarse en los métodos que utilizan estas organizaciones terroristas aprovechando nuevos productos y tecnologías de pago, incluyendo las monedas virtuales.

En este segundo punto, se dará continuidad al diálogo ya emprendido entre el GAFI y las FinTech con cinco principios rectores para que este sector sea un aliado en los retos que deben afrontar los Estados contra el blanqueo y la financiación del terrorismo.

El papel de jueces y fiscales

La nueva presidencia apuesta por el Poder Judicial y el Ministerio Fiscal en la medida que son instituciones cruciales en la transparencia y el Estado de Derecho, pilares de un sistema eficaz de lucha contra el blanqueo y la financiación del terrorismo.

En este sentido, Otamendi considera que deberían desempeñar un papel más destacado en el GAFI, incluso como parte de las delegaciones miembros, con participación en el plenario y en los Grupos de Trabajo.

Además, en esta relación pretende incorporar mayores compromisos en cuanto a que exista una mejor comprensión y aplicación eficaz de los tipos delictivos. Identificar y acabar con los  delitos financieros en todos los países es el desafío, apunta el presidente, ya que “aunque la mayoría de jurisdicciones han criminalizado el blanqueo de capitales, no todas han aplicado un número relevante de condenas y la mayoría tiene una experiencia limitada en cuanto a congelación de activos”.

También con el intercambio de experiencias e información, el GAFI podrá tener un conocimiento más exhaustivo de las tendencias y patrones del ML / TF e identificar y reportar los nuevos métodos que utilizan terroristas y criminales para eludir las medidas de control normativo.

Mejora de la transparencia e integridad de los flujos financieros

Las personas jurídicas serán protagonistas de esta mejora que se pretende dar en transparencia y, en concreto, sobre la disponibilidad de información exacta sobre el beneficiario efectivo donde se completará el programa de trabajo.

El GAFI define esta figura como la persona física que, en última instancia, posee o controla un cliente y/o la persona física en cuyo nombre se realiza la transacción. También incluye a quien ejerce el control efectivo final sobre una persona jurídica o acuerdo legal.

 

El testaferro como figura común en las operaciones de blanqueo

9 Mayo, 2017

Si algo tienen en común las diferentes operaciones de blanqueo de capitales que salen a la luz tras iniciarse la investigación judicial es que, en todas ellas, el testaferro siempre aparece como actor secundario respaldando o más bien ocultando los movimientos del protagonista, por usar un símil cinematográfico.

De hecho, el Supremo en su Sentencia 970/2016 además de condenar a un sujeto obligado que usaba sociedades pantalla como herramienta para blanquear, lo hacía también a quien había actuado como testaferro por delito de blanqueo imprudente.

Y es que sociedades pantalla y testaferros van igualmente de la mano. De hecho es la herramienta que éstos utilizan en su estructura operativa y funcional.

Pero ¿qué es un testaferro y cuál es su modus operandi?

Es aquella persona que presta su nombre en un contrato, transacción o negocio que, en realidad, es de otra persona. De partida, aportar su identidad es una cuestión lícita. No se trata de un uso delictivo, salvo que su fin último sea el fraude, la falsedad documental o cualquier otra conducta tipificada.

Teniendo en cuenta que la relación con el interesado debe estar basada en la confianza, el testaferro suele ser un familiar o allegado. También se da el caso de que sea una persona acostumbrada a este tipo de negocios e incluso “gerentes de empresas” que venden sociedades que son utilizadas para ocultar algo ilegal.

Según publica El Confidencial, y aunque no consta en estadísticas oficiales, en el registro mercantil español hay 410 personas físicas que tienen más de 100 cargos en sociedades anónimas o limitadas.

Por ejemplo, en el caso de que esta figura quiera usarse para blanquear dinero, es habitual que el interesado -que no puede aparecer como verdadero titular- busque un testaferro con domicilio desconocido y ajeno al negocio que se pretende ocultar al que nombrará como administrador o socio único de una sociedad raíz, con objeto social amplio y lista para operar.

La sociedad raíz realizará la compra del accionariado de sociedades pantalla con domicilio en territorios offshore que favorecen el secreto bancario y una fiscalidad ventajosa.

Posteriormente, se otorga poder de representación a agentes fiduciarios o despachos especializados con órdenes del interesado para operar con estos capitales.

El corredor de seguros en la prevención del blanqueo de capitales

19 Abril, 2017

Los corredores y las entidades de seguros de vida están obligados a cumplir la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales y, en consecuencia, deben disponer de procedimientos internos adecuados para evitar que se instrumentalice una operación sospechosa a través de contratos de seguro.

A la vista de los datos que recientemente ha hecho públicos el SEPBLAC, ¿podría entenderse que es un sector que se sitúa fuera del punto de mira de las operaciones de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo?

En 2015, la Dirección General del Seguro realizó 5 inspecciones preventivas de esos delitos; los corredores de seguros no comunicaron ningún reporte de operaciones sospechosas; y las aseguradoras de vida, 11 reportes, cantidad que supone el 50% menos que las registradas en 2014.

El papel del corredor de seguro está bien recogido en la Ley 26/2006, de Mediación en Seguros y Reaseguros Privados, que lo define como un profesional independiente e imparcial que ofrece asesoramiento a clientes y asegurados, lo que determina que no pueden tener afección con entidades aseguradoras.

Al ser quien tiene el acceso inicial al cliente, la consecuencia más directa de su labor es que será precisamente el corredor el primero en estar obligado a cumplir con los principios de diligencia debida. Y es que hasta que no exista la elección de una entidad aseguradora ésta no podrá llevar a cabo ese mismo cumplimiento normativo.

Por tanto, la identificación del cliente será materia que requerirá especial cuidado y hay que recordar que como sujetos obligados deben conservar los documentos acreditativos de las operaciones e identidad de los clientes durante un plazo de seis años desde que finaliza la relación de negocio.

Así, los documentos que sean necesarios para comprobar la información proporcionada por el cliente estarán en poder del corredor y, posteriormente, de forma inmediata a disposición de la entidad aseguradora.

Otros documentos que contengan información relacionada con cuestiones más específicas del contrato de seguro, se entregarán a la entidad aseguradora con la que vaya a suscribirse ese contrato. En este caso, el corredor actúa como tercero respecto a la entidad aseguradora.

Ante un indicio sospechoso, lo que está obligado a hacer es profundizar para conocer más detalles de la actividad económica declarada. Y si ya tiene la certeza de que está frente a una operación sospechosa, deberá comunicarlo al SEPBLAC y no colocará el riesgo en ninguna entidad aseguradora.

Con carácter previo a la formalización de la póliza, el corredor habrá recabado información sobre la actividad de su cliente y si éste declara que los fondos proceden de una actividad profesional o empresarial, tendrá que solicitar la documentación acreditativa que justifique esa actividad.

Por lo que respecta a los medios de pago, el corredor evitará el pago con efectivo y, además, consignará el medio de pago utilizado.